Artículo del Presidente de CEA publicado en la sección de Opinión de los diarios del Grupo Joly
Tras un año de interinidad, por fin ha quedado constituido un nuevo Gobierno en España. Un Ejecutivo que nace en minoría, pero sin haber tenido que hacer, afortunadamente, ningún tipo de concesión a las formaciones nacionalistas presentes en el Parlamento, lo cual sin duda es favorable también para Andalucía y sus empresas.
Los empresarios andaluces valoramos positivamente la labor desarrollada por los partidos constitucionalistas que han tenido el sentido común y la generosidad política de desbloquear la formación del Gobierno y permitir un proceso de investidura. Esperamos que continúen en esa misma trayectoria, apostando por el diálogo y el consenso necesario. Generando estabilidad y confianza.
En tal sentido, es importante que dichos acuerdos tengan en consideración el desarrollo de una serie de principios que para una organización empresarial son irrenunciables: la libertad de empresa, la igualdad de todos los españoles, la unidad de mercado, la garantía de la libre competencia y la solidaridad entre regiones.
Tras un dilatado período de paralización, urge volver a la senda de la gestión política, afrontando los grandes retos que tiene nuestra sociedad, siendo sin duda el principal de todos ellos, la generación de empleo y bienestar social.
A este respecto, convendría recordar que la mejor agenda reformista, la mejor política social, es la generación de empleo y de actividad económica. Una hoja de ruta que no esté vinculada sólo a políticas de gasto, que por otra parte tienen difícil cobertura en un contexto de consolidación fiscal, sino a las políticas de generación de ingresos, de inversión y de actividad económica. Es decir, medidas que faciliten la actividad de las empresas, que incrementen su número total, su densidad por habitantes y su dimensión.
Desde las organizaciones empresariales estamos convencidos de que la agenda de reformas del nuevo Gobierno de España debe tener como objetivo esencial mejorar la competitividad de nuestra economía, contribuyendo a su crecimiento y a la creación de empleo.
Ese objetivo sólo puede lograrse en un país que respete la libertad de empresa, que respete sus instituciones democráticas y que vea en el acuerdo y el consenso la forma más natural de hacer política.
Es importante recuperar el tiempo perdido y ponerse a trabajar de forma inmediata desde la responsabilidad, el diálogo y la negociación, para dar inicio a una legislatura en la que debe primar el interés general y que todos los partidos políticos adopten posiciones negociadas que permitan alcanzar grandes Pactos de Estado.
Junto a ese diálogo entre los partidos, es indispensable recobrar la participación a través de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas. Dicha participación es esencial, no sólo en el marco de la legislación vigente que faculta a ello, sino para reforzar la legitimidad política de los acuerdos y para sumar consensos, en un panorama político más polarizado.
Y por supuesto, es esencial, el diálogo fluido entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Un diálogo leal, en el marco de la Constitución vigente, y que no derive en posicionamientos ideológicos y partidistas, sino de responsabilidad de Gobierno y de Estado.
Entre los asuntos a desarrollar con carácter prioritario se encuentran, la necesaria aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2017, fijando un techo de gasto y un horizonte de certeza a Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, cuyos presupuestos están muy unidos a las decisiones de carácter nacional.
También la puesta en marcha de un programa económico y de reformas, compatible con las exigencias de la UE en materia de reducción y contención del déficit público; las políticas de creación de empleo y de promoción de la actividad empresarial; o la reforma del sistema de financiación autonómico, que debe ir en paralelo a la modernización de nuestro asimétrico modelo fiscal, así como de la siempre pretendida reforma de la Administración Pública, aún por afrontar.
Se deben abordar, asimismo, las grandes reformas sociales: la reforma del sistema de pensiones, que lo garanticen, y la revisión del mercado laboral, que favorezca el empleo y la contratación. En ambos casos, contando con el Diálogo Social de forma irrenunciable. Sin olvidar un gran Pacto por la Educación, que siente las bases del modelo para un horizonte temporal a medio y largo plazo.
En definitiva, un nuevo Gobierno para un nuevo tiempo, que requiere afrontar con valentía, de manera inmediata y decidida los retos que este País necesita.
Javier González de Lara y Sarria