16 de mayo de 2018.
ARTÍCULO DEL PRESIDENTE DE CEA PUBLICADO EN AGENDA DE LA EMPRESA Nº 234.
Desde una perspectiva económica, todo el proceso de descentralización del poder en la construcción del Estado Autonómico que prevé nuestra Constitución, se ha traducido en un proceso paralelo de descentralización de los recursos públicos entre los diferentes niveles de gobierno. Se ha configurado un sistema que, regulado por ley, articula el ejercicio de las competencias financieras autonómicas y la resolución de los posibles conflictos entre el Estado central y las Comunidades Autónomas. Esto es, en fin, el denominado modelo de financiación autonómica, que ha venido evolucionando en estas cuatro décadas sobre la base de reformas periódicas.
La última reformulación del sistema se encuentra en vigor desde 2009, y surgió de la mano de los procesos de reformas estatutarias como consecuencia, principalmente, de las disfunciones observadas en la financiación de la sanidad. A pesar de contar con el respaldo unánime y que se diseñó con vocación de permanencia, lo cierto es que el modelo de financiación no ha cesado de ser puesto en cuestión desde los diferentes territorios autonómicos. Ello es así porque a pesar de las intenciones declaradas en su diseño, se ha demostrado ineficiente e injusto, no habiendo hecho efectivos ni el principio de suficiencia financiera, ni el principio de equilibrio territorial, ni el principio de equidad.
Disfunciones del sistema que palpablemente demuestran los escasos progresos en convergencia real entre territorios, que condicionan nuestro modelo de país, y que además, han colocado a la Comunidad Autónoma de Andalucía como uno de los territorios autonómicos que se han visto más perjudicados.
En ese contexto, la revisión del Sistema de Financiación Autonómica fue acordada en la Conferencia de Presidentes Autonómicos de enero de 2017. Se trata de una decisión política trascendental, pues afecta directamente al desarrollo del Estado Autonómico y a las relaciones entre el Estado y las CC.AA. Relevante y también compleja, pues el modelo supera el mero traspaso de recursos entre entes públicos territoriales, y en él convergen dos cuestiones no del todo resueltas en nuestro país: el modelo territorial y el sistema tributario nacional.
Es decir, en el modelo de financiación autonómica al final confluyen las tensiones sobre el reparto de competencias y la forma de allegar los recursos necesarios para que cada territorio pueda ejercerlas, no solo para dar respuesta efectiva a la demanda de prestación de los servicios públicos fundamentales en igualdad de condiciones, independientemente del lugar de residencia, sino también para responder a las necesidades y los servicios que el crecimiento y el desarrollo socioeconómico implica.
Decisión trascendental y compleja que, por ello, debe abordarse desde el diálogo, el consenso y el entendimiento. Un diálogo en el que también deben participar las organizaciones empresariales, para hacer oír sus planteamientos e intereses, que son los de aquellos que estamos llamados a crear riqueza y empleo en nuestro país.
Así lo ha entendido CEA, que siempre ha estado presente de forma activa en los debates relacionados con la financiación autonómica, pero que ha tomado un nuevo impulso en los últimos meses, tras la constitución de una Comisión interna en la Confederación que se encargó de organizar los planteamientos empresariales que sirvieron de base para realizar nuestra intervención en el Grupo de Trabajo constituido en el Parlamento de Andalucía sobre financiación autonómica en noviembre de 2017, y que también se han trasladado a los contenidos del informe que el pasado mes de enero emitió el Consejo Económico y Social de Andalucía.
El posicionamiento de CEA pone el foco en la incidencia del futuro Sistema de Financiación Autonómica sobre el desarrollo de las actividades económicas y el ejercicio de las iniciativas empresariales en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
La importancia del debate deriva de la concreción que el nuevo modelo tendrá en los Presupuestos anuales de la Comunidad Autónoma, donde actualmente el sistema, aporta alrededor de tres cuartas partes de los recursos no financieros con los que la Junta de Andalucía atiende sus políticas económicas y sociales. Con el modelo en vigor Andalucía se encuentra infrafinanciada, y ello viene perjudicando, especialmente, a las políticas de fomento económico y promoción empresarial, precisamente cuando más se ha necesitado del impulso público en estos ámbitos.
Por todo ello reclamamos la revisión del sistema. Revisión que debe realizarse con prontitud, pues la dilación en la solución al modelo actual supone un perjuicio cada vez mayor para nuestra Comunidad Autónoma y, en especial, para nuestro sector productivo y empresarial. Una solución en la que será responsabilidad de todos llegar al mayor consenso posible, para establecer un procedimiento equilibrado que permita gestionar el siempre presente conflicto entre territorios.
En tal sentido, sería muy conveniente reconducir los debates hacia la consecución de verdaderas estrategias de Estado, donde poder abordar también la financiación de las Corporaciones Locales y sus singularidades, para decidir entre todos qué debe financiar el sistema y cómo debe hacerlo, poniendo el foco para el debate siempre en la sociedad civil, antes que en la financiación de las estructuras de todos los entes territoriales que conforman el Estado, de forma que la sociedad española pueda desarrollarse en igualdad de condiciones en todo el territorio nacional. No tiene sentido, pues, que los sistemas forales se negocien y cierren al margen del resto de territorios, pues en nuestro país todas las personas deben tener los mismos niveles de garantía de sus derechos básicos.
Así, el nuevo mecanismo debe garantizar la igualdad de la ciudadanía con independencia de su residencia, de forma que las diferencias territoriales de trato se deban única y exclusivamente a decisiones políticas de autogobierno en materia de gastos e ingresos, y no a las diferencias de desarrollo, de rentas, o de otro tipo de privilegios que con carácter singular tenga un territorio.
Un debate político y social en el que, además, se incorpore un análisis de resultado, pues toda propuesta de reforma del modelo que solo atienda a cuánto finalmente aporta el sistema a cada Comunidad Autónoma, pero sin asegurar que se actúe luego en cada territorio de forma eficiente en el gasto, estará destinada al fracaso. Sin este análisis de impacto y de racionalidad del gasto público, cualquier intento de reforma de la financiación autonómica se convierte en insostenible, pues no hay presupuesto público que aguante tal cantidad de partidas excesivas e innecesarias que se pueden llegar a plantear.
En la búsqueda de esta solución consideramos que es imprescindible mantener la unidad de mercado. Así, el nuevo sistema de financiación debe facilitar que haya más actividad productiva, más libertad, mayor racionalidad regulatoria y una simplificación en las estructuras.
La reforma de la financiación autonómica no puede abordarse sin actuar sobre el sistema fiscal, por ello deberá tenderse hacia una armonización global, en el que la corresponsabilidad fiscal de las Comunidades Autónomas vaya de la mano de la garantía y defensa de la unidad del mercado, huyendo de la posible intención de incrementar la carga impositiva sobre la actividad económica y el empleo.
En suma, CEA siempre va a apostar por un sistema de financiación autonómico que sea lo más simple posible, que funcione y que sea eficiente en el gasto. Un modelo que permita que Andalucía tenga los recursos necesarios para poder incrementar sus políticas propias, que faciliten la inversión productiva y, por tanto, la actividad empresarial, elemento imprescindible para el bienestar real de la sociedad.
Javier González de Lara y Sarria
Véase este artículo en Agenda de la Empresa:
http://www.agendaempresa.com/90087/opinion-javier-gonzalez-de-lara-cea-ideas-modelo-financiacion-autonomica/
