Ante la celebración de la conferencia de presidentes autonómicos
La Confederación de Empresarios de Andalucía valora de forma favorable que se impulse nuevamente la celebración de la Conferencia de Presidentes autonómicos como foro de diálogo, en el que posibilitar, mediante el desarrollo de acuerdos, una política estable y homogénea en cuestiones que son esenciales para Andalucía.
CEA considera necesario que en esta conferencia se establezcan acuerdos en materia impositiva que conduzcan a un proceso de armonización fiscal que elimine los desequilibrios y la competencia entre territorios.
Igualmente, confía en que se pueda alcanzar un acuerdo que propicie una producción normativa más ordenada y racional por parte de las comunidades autónomas, a fin de que quede garantizada la unidad de mercado en todo el territorio nacional y no se creen nuevas barreras normativas entre regiones y no perjudique el desarrollo y crecimiento de las empresas.
CEA espera que el nuevo modelo de financiación autonómica que se negocie a partir de mañana, sea fruto de un acuerdo de todas las comunidades autónomas. Y reitera lo ya ha manifestado públicamente respecto a que el elemento esencial del próximo modelo de financiación sean los ciudadanos y las empresas por encima de los territorios, de forma que los servicios públicos y los estímulos económicos puedan desarrollarse en igualdad de condiciones en todo el territorio nacional.
La importancia para Andalucía
Un modelo que garantice recursos suficientes a las CCAA en función de las competencias transferidas tiene una gran importancia para Andalucía, ya que del sistema de financiación autonómica dependen alrededor de dos terceras partes de los recursos no financieros con los que la Junta de Andalucía atiende la prestación de servicios, y poder desarrollar las competencias que tiene transferidas, entre las que están las de apoyo al tejido productivo e inversión en infraestructuras.
Otros temas que se tienen previsto debatir, y en su caso llegar a acuerdos, son igualmente muy importantes para que las comunidades autónomas puedan garantizar el desarrollo de sus competencias en la prestación de servicios básicos a los ciudadanos, como son la educación, la sanidad o la dependencia, para lo que las comunidades deben tener garantizados los recursos necesarios.