La Comisión celebra el acuerdo político provisional que acaban de alcanzar el Parlamento Europeo y el Consejo sobre un Reglamento de la UE relativo a las cadenas de suministro que no contribuyan a la deforestación. Tras su adopción y aplicación, la nueva legislación garantizará que una serie de mercancías clave comercializadas en el mercado de la UE dejen de propiciar la deforestación y la degradación forestal en la UE y en otros lugares del mundo. Puesto que la UE es una economía de gran tamaño y una gran consumidora de esos bienes básicos, esta importante medida contribuirá a detener en gran parte la deforestación y la degradación forestal a escala mundial, lo que a su vez reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero y la pérdida de biodiversidad. Este importante acuerdo se ha alcanzado justo antes del inicio de la trascendental Conferencia sobre la Biodiversidad (CP15), cuyo objetivo es definir los objetivos de protección de la naturaleza para las próximas décadas.
Una vez sea de aplicación, la nueva legislación obligará a las empresas pertinentes a actuar con la diligencia debida si introducen en el mercado de la UE, o exportan desde él, lo siguiente: aceite de palma, ganado bovino, soja, café, cacao, madera y caucho, así como sus productos derivados (por ejemplo, carne de vacuno, muebles o chocolate). Estos bienes básicos se han escogido a raíz de una evaluación de impacto exhaustiva que los ha definido como los principales impulsores de la deforestación debida a la expansión agrícola.
El acuerdo político se ha alcanzado tan solo doce meses después de que la Comisión presentara la propuesta en 2021. La versión final se basa en las medidas principales propuestas por la Comisión, a saber: lucha contra la deforestación, con independencia de que sea legal o ilegal; estrictos requisitos de trazabilidad que vinculen los bienes básicos a las tierras agrícolas en las que se hayan producido; y un sistema de evaluación comparativa de países.
Nuevas normas de diligencia debida para las empresas
El nuevo Reglamento establece estrictas normas obligatorias de diligencia debida para las empresas que deseen comercializar los productos pertinentes en el mercado de la UE o exportarlos. Los agentes económicos y los comerciantes tendrán que demostrar que los productos no han contribuido a la deforestación, por haberse producido en tierras que no hayan sido deforestadas después del 31 de diciembre de 2020, y que cumplen toda la legislación aplicable y pertinente en vigor en el país de producción.
También se exigirá a las empresas que recopilen información geográfica precisa sobre las tierras agrícolas en las que han obtenido esos bienes básicos suministrados, a fin de poder comprobar su conformidad. Los Estados miembros deben asegurarse de que el incumplimiento de las normas dé lugar a sanciones efectivas y disuasorias.
La lista de bienes básicos contemplados se revisará y actualizará periódicamente, teniendo en cuenta nuevos datos, por ejemplo, los cambios en los patrones de deforestación.
La Comisión mantendrá un sistema de evaluación comparativa que se aplicará a los países o regiones y determinará su nivel de riesgo de deforestación y degradación forestal (bajo, regular o alto), teniendo también en cuenta la expansión agrícola con fines de producción de los siete bienes básicos y productos derivados. Las obligaciones de las empresas dependerán del nivel de riesgo. Este sistema también ayudará a orientar la colaboración de la UE con los países socios para atajar la deforestación, mientras se presta especial atención a la situación de las comunidades locales y los pueblos indígenas.
A escala internacional, la UE intensificará su diálogo, tanto bilateral con los países productores y consumidores como en los foros multilaterales pertinentes, a fin de velar por el cumplimiento efectivo de la nueva legislación y ayudar a los países cuando proceda. Las nuevas normas no solo reducirán las emisiones de gases de efecto invernadero y la pérdida de biodiversidad, sino que también contribuirán a garantizar los medios de subsistencia de millones de personas, por ejemplo, entre los pueblos indígenas y en las comunidades locales de todo el mundo, que dependen en gran medida de los ecosistemas forestales.
Próximas etapas
Ahora el Parlamento Europeo y el Consejo tendrán que adoptar formalmente el nuevo Reglamento antes de que pueda entrar en vigor. Tras la entrada en vigor del Reglamento, los agentes económicos y los comerciantes tendrán dieciocho meses para cumplir las nuevas normas. Las microempresas y las pequeñas empresas disfrutarán de un período de adaptación más largo, así como de otras disposiciones específicas.
Antecedentes
La deforestación y la degradación forestal son factores importantes del cambio climático y la pérdida de biodiversidad, que son los dos retos medioambientales clave de nuestro tiempo. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) calcula que entre 1990 y 2020 se perdieron 420 millones de hectáreas de bosque, una superficie mayor que la Unión Europea. En términos de pérdida neta de superficie (diferencia entre la superficie forestal talada y la nueva superficie de bosques plantados o regenerados), la FAO estima que el mundo perdió alrededor de 178 millones de hectáreas de cobertura forestal en el mismo período de tiempo, lo que equivale a tres veces la superficie de Francia.
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (GIECC) calcula que el 23 % de las emisiones antropogénicas totales de gases de efecto invernadero (2007-2016) proceden de la agricultura, la silvicultura y otros usos de la tierra. Alrededor del 11 % de las emisiones totales proceden de la silvicultura y otros usos de la tierra, principalmente la deforestación, mientras que el 12 % restante son emisiones directas procedentes de la producción agrícola, tales como el ganado y los abonos.
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